Audiencia Provincial Pontevedra, Sentencia 152/2017, 28 Mar. Recurso 974/2016
Los prestatarios ejercitan acción de nulidad de determinadas cláusulas contenidas en la escritura de préstamo con garantía hipotecaria, entre ellas la que establece que son de cuenta de la parte prestataria los gastos tributarios, notariales y registrales.
El Juzgado de Primera Instancia declaró la nulidad de dicha cláusula por abusiva y condenó a la entidad bancaria a la devolución de las cantidades abonadas en concepto de tributos, gastos e impuestos por aplicación de la misma. Por el contrario, la Audiencia Provincial de Pontevedra condena a la demandada a devolver a los actores únicamente las cantidades satisfechas indebidamente en concepto de gastos de Registro de la Propiedad e impuesto sobre actos jurídicos documentados.
La cláusula impugnada que genera un desequilibrio importante entre las obligaciones de las partes en favor del predisponente es nula por abusiva. Ahora bien, es preciso fijar las consecuencias de dicha declaración de nulidad.
Por lo que respecta al pago de los tributos, en las escrituras de constitución de préstamo con garantía hipotecaria el sujeto pasivo del impuesto de transmisiones patrimoniales es el prestatario, mientras que en el impuesto sobre actos jurídicos documentados el sujeto pasivo por la constitución del derecho de hipoteca, así como por la expedición de las copias, actas y testimonios que interese, será la entidad prestamista. Por tanto, debe declararse la abusividad de la cláusula que impone a la parte prestataria el pago de todos los tributos, incluidos aquellos en los que el sujeto pasivo es el empresario.
Sin embargo, pese a esta declaración de nulidad no procede la devolución de lo abonado si el pago se ha realizado por aquél a quien correspondía según la normativa aplicable al impuesto de que se trate, que es imperativa. Solo es admisible dicha devolución cuando el impuesto haya sido indebidamente pagado por quien no corresponde por haberle sido impuesto de forma abusiva. Por todo ello, la entidad prestamista solo ha de devolver a los prestatarios la cantidad por éstos abonada en concepto de impuesto sobre actos jurídicos documentados pero no por transmisiones patrimoniales por ser el mismo de su cuenta por imposición legal.
Por otra parte, la satisfacción de los aranceles notariales corresponde a quien haya solicitado los servicios del Notario y, en su caso, al obligado fiscalmente al pago del impuesto derivado del otorgamiento de la correspondiente escritura. En este caso, se solicita el reintegro de todas las cantidades abonadas por los prestatarios en concepto de aranceles, pero al no precisarse los concretos pagos realizados e ignorarse si alguno de ellos correspondía a la entidad prestamista, se absuelve a ésta de devolver la cantidad reclamada por este concepto por incumbir su pago a los prestatarios.
Los aranceles de los Registradores deben ser satisfechos por aquél a cuyo favor se inscribe el derecho. Es evidente que la inscripción de la garantía favorece a la entidad bancaria. Siendo abusiva su imposición a los prestatarios y no constando que éstos hubieran asumido su pago fruto de una negociación individual, la prestamista devolverá a aquéllos lo abonado por este concepto.
Por último, se declara la nulidad de la cláusula que impone a la parte prestataria el abono de los gastos procesales o de otra naturaleza derivados del incumplimiento de su obligación de pago. Ello no solo causa un evidente desequilibrio en la posición de las partes, sino que infringe normas procesales de orden público pues los gastos del proceso están sometidos a una estricta regulación legal.
FONT: © WOLTERS KLUWER – CONSULTOR JURIDICO
Ana Canturiense
Documentación Jurídica Sepín, Familia y Sucesiones
Con la publicación el Diari Oficial de Catalunya el pasado 21 de febrero de la Ley 3/2017, de 15 de febrero, del Libro VI del Código Civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, y de modificación de los libros I, II, III, IV y V, se actualiza y amplía la regulación en materia de Derecho civil que ya existía en Cataluña.
– Por lo que respecta a las cuestiones que afectan a las personas y con la intención de dar respuesta a las nuevas realidades sociales, se regula en el Libro VI el contrato de alimentos (arts. 624-8 a 624-11), por el que una de las partes se obliga a prestar alojamiento, manutención, asistencia y cuidados a una persona durante su vida, a cambio de la transmisión de un capital, en bienes o derechos.
– En lo que afecta directamente a los Libros II y IV del CCCat., las modificaciones realizadas vienen justificadas por la nueva regulación de la Jurisdicción Voluntaria, desde la entrada en vigor de la Ley 15/2015, de 2 de julio, tras la cual determinados procedimientos que estaban en el ámbito judicial han pasado a ser notariales o competencia del Letrado de la Administración de Justicia. Se facilita, así, al ciudadano el acceso a unos procedimientos y a un modelo de justicia más simple y ágil y se descongestiona el exceso de carga de los Juzgados en beneficio de los particulares.
– Destaca especialmente la modificación de dos artículos, que, por su importancia, entrarán en vigor el próximo 1 de marzo de 2017, junto con las modificaciones del Libro V del CCCat., mientras que el Libro VI y el resto de modificaciones no lo harán hasta el 1 de enero de 2018. Se trata, en primer lugar, del art. 211-3, del Libro II; y, en segundo lugar, del art. 461-12 del Libro IV:
1. Por lo que respecta al art. 211-3, del Libro II, relativo a la Capacidad de obrar, se añade un último apartado, el cuarto, que obliga a la autoridad judicial a pronunciarse expresamente sobre la capacidad para ejercer el derecho de sufragio cuando declare la modificación de la capacidad de una persona. Se evita, de esta manera, que las personas sobre las que se declare la modificación de su capacidad no pierdan directamente su derecho al voto por esta declaración.
2. Y en cuanto a la reforma del art. 461-12 del Libro IV, relativo a la Delación e interpelación judicial, Interpelatio in iure, hasta ahora todas las personas interesadas en la sucesión podían solicitar al Juez que fijase un plazo para que el llamado a la herencia manifestara si aceptaba o renunciaba a ella. Esto suponía una situación contradictoria, pues con la publicación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, esta autorización o aprobación judicial para aceptar o repudiar la herencia solo es necesaria en los casos determinados, que regula en su art. 93, pasando a realizase ese requerimiento en la mayoría de los supuestos ante notario. Se equipara así la regulación del CCCat. con la regulación procesal.
Era, por tanto, necesaria esta modificación del art. 461-12 CCCat, y este será su contenido después del 1 de marzo:
Artículo 461-12. Delación e interpelación al llamado
1. El derecho del llamado a aceptar o repudiar la herencia no está sometido a plazo.
2. Las personas interesadas en la sucesión, incluidos los acreedores de la herencia o del llamado, pueden solicitar al notario, una vez haya transcurrido un mes a contar desde la delación, que requiera personalmente al llamado a fin de que, en el plazo de dos meses, le manifieste si acepta o repudia la herencia, con advertencia expresa de que, si no la acepta, se entiende que la repudia.
3. El requerimiento personal al llamado debe hacerse, como mínimo, dos veces en días diferentes. Si este requerimiento deviene infructuoso, el notario debe realizar el requerimiento por correo certificado y, en caso de que no pueda notificarse, debe realizarse mediante edictos publicados en los dos periódicos de mayor tirada.
4. Una vez transcurrido el plazo de dos meses sin que el llamado haya aceptado la herencia en escritura pública, se entiende que la repudia, salvo que sea un menor de edad o una persona con la capacidad modificada judicialmente, en cuyo caso se entiende que la acepta a beneficio de inventario.
– También debe destacarse la modificación del art. 233-2 del Libro II, que, entre otras cuestiones, recoge la posibilidad de que los cónyuges formulen el contenido del convenio ante un Letrado de la Administración de Justicia o en una escritura pública ante notario en caso de divorcio o separación, si no existen hijos menores o con la capacidad judicialmente modificada, tal y como prevé el art. 87 CC estatal.
Font: http://blog.sepin.es/2017/02/modificaciones-familialibro-vi-codigo-civil-catalunya/
Ref. CJ 4603/2016
Tribunal Suprem, Sala Social, Sentència 308/2016, 20 Abr. Recurs 2977/2014
Patint un glaucoma terminal en tots dos ulls, amb important pèrdua de l’agudesa visual, completa a l’ull esquerre i de 0.05 a l’ull dret, l’actor viu sol a casa, cuinant-se coses senzilles i fent la compra per telèfon per rebre-la al seu domicili; cuida la seva pròpia higiene personal i presenta dificultats per desplaçar-se a llocs desconeguts, sent normalment acompanyat per memoritzar el trajecte.
Va ser declarat en situació de gran invalidesa, amb dret a percebre una pensió vitalícia compatible amb la prestació permanent que té reconeguda en el RGSS; però, aquest reconeixement es va deixar sense efecte en suplicació pel TSJ Balears. I ara se sotmet a cassació unificadora si a la configuració de la GI per deficient agudesa visual ha de seguir un criteri objectiu, de manera que la ceguesa o situació assimilada integra de per si l’esmentat grau invalidant, o si s’ha de seguir un criteri subjectiu que admeti que, tot i partir de la ceguesa, pugui excloure el reconeixement de GI quan el beneficiari ha estat capaç d’adquirir les habilitats adaptatives necessàries per a realitzar algun dels actes essencials de la vida sense ajuda de tercers.
En el cas, malgrat el lloable esforç d’aconseguir certa autonomia, aquesta no és total doncs segueix precisant ajuda d’una altra persona per a moltes de les activitats quotidianes de la vida diària.
Admetre que una adaptació i aprenentatge de tasques quotidianes per una persona cega suposa no reconèixer situació de gran invalidesa, portaria a l’absurd de provocar un efecte desmotivador que suposaria un obstacle per a la desitjable reinserció social i laboral del discapacitat, a més aquesta rebutjable conseqüència és radicalment oposada als principis informadors de tota la normativa en matèria de discapacitat.
Existeixen avui en dies diversos criteris legals i jurisprudencials que permeten afirmar que en el reconeixement de la GI ha d’atendre’s prioritàriament als paràmetres objectius de disfunció i no als subjectius que singularment poguessin concórrer. Així per exemple, és suficient la impossibilitat de l’invàlid per realitzar per si mateix un només dels «actes més essencials de la vida» i la correlativa necessitat d’ajuda externa perquè procedeixi la qualificació de GI.
En definitiva, no s’ha d’excloure de la qualificació de GI als qui han arribat a adquirir alguna de les habilitats adaptatives necessàries per realitzar algun dels actes essencials de la vida sense l’ajuda de tercers o sense necessitat d’ajuda permanent, o fins i tot els que puguin arribar a efectuar treballs no perjudicials amb la seva situació.
Font: Consultor Jurídico
Respecte a les activitats molestes dels arrendataris, la Comunitat de propietaris pot interposar una acció judicial de “cessació d’activitats molestes” contra aquells propietaris o inquilins que realitzen al pis (o local) activitats molestes, insalubres, nocives o perilloses i que pertorbin la pau, seguretat o tranquil·litat de la resta de veïns.
L’article 7.2 de la Llei de Propietat Horitzontal estableix que: “Al propietari i a l’ocupant del pis o local no els està permès desenvolupar en ell, o en la resta de l’immoble, activitats prohibides en els estatuts, que resultin nocives per la finca o que contravinguin les disposicions generals sobre activitats molestes, insalubres, perilloses o il·lícites”.
El president de la comunitat, a iniciativa pròpia o de qualsevol dels propietaris o ocupants, requerirà, a qui realitzi les activitats prohibides per aquest apartat, la immediata cessació de les mateixes amb l’advertiment d’iniciar les accions judicials procedents.
Si l’infractor persisteix a la seva conducta el President, amb l’autorització prèvia de la Junta de propietaris, pot entaular contra ell una acció de cessació que s’ha de substanciar per mitjà del judici ordinari.Una vegada presentada la demanda, acompanyada de l’acreditació del requeriment fefaent a l’infractor i de la certificació de l’acord adoptat per la Junta de propietaris, el jutge podrà acordar amb caràcter cautelar la cessació immediata de l’activitat prohibida, amb l’advertiment d’incórrer en delicte de desobediència. Podrà adoptar així mateix les mesures cautelars que siguin necessàries per assegurar l’efectivitat de l’ordre de cessació.
La demanda haurà de dirigir-se contra el propietari i, en el seu cas, contra l’ocupant de l’habitatge o local. Si la sentència fos estimatòria podrà disposar, a més a més de la cessació definitiva de l’activitat prohibida i de d’indemnització de danys i perjudicis que procedeixi, la privació del dret a l’ús de l’habitatge o local per temps no superior a tres anys, en funció de la gravetat de la infracció i dels perjudicis ocasionats a la comunitat. Si l’infractor no fos el propietari, la sentència podrà declarar extingits definitivament tots els seus drets relatius a l’habitatge o local, així com el seu immediat llançament.
Si el pis o local està llogat i és l’arrendatari qui provoca aquestes activitats, els Tribunals es decanten majoritàriament per la necessitat també de demandar al propietari per les activitats molestes de l’inquilí, argumentant que la relació processal correcta seria la de demandar a tots dos (propietari i llogater), ja que encara que el propietari no sigui directament qui causa aquests perjudicis, el resultat del procediment l’afectaria de manera directa, ja que l’objectiu d’aquesta acció és la cessació de l’activitat molesta, sempre i quan se li hagi requerit prèviament perquè exerciti les accions oportunes i hagi fet cas omís a les peticions de la Comunitat. La Junta de Propietaris autoritzarà al President a interposar la referida acció mitjançant majoria simple.
Font: elderecho.com
La Sala Primera del Tribunal Suprem ha incrementat la indemnització que ha de pagar una companyia d’assegurances a una jove que va quedar paraplègica després de sofrir un accident de trànsit en incloure a més una quantitat en concepte d’ajuda a terceres persones -293.545,03 euros- i una altra pel de danys morals a familiars -110.079,38 euros-.
La sentència corregeix a l’Audiència Provincial d’Almeria, que va reconèixer a la víctima una indemnització de 606.035,45 euros per les seqüeles sofertes però no va apreciar la situació de gran invalidesa en considerar que no precisava l’ajuda permanent d’una altra persona i que podia aconseguir realitzar activitats de forma independent si el mitjà estava condicionat, com demostrava el fet d’haver obtingut el permís de conduir de vehicles adaptats.
La Sala Primera conclou que no es pot penalitzar a qui amb el seu sacrifici personal i capacitat de superació aconsegueix avançar per mitigar el seu dèficit de mobilitat. Al mateix temps, afirma que mantenir el contrari seria desincentivar la reinserció dels paraplègics.
Font Economic & Jurist
La petició d’assistència penal ha estat el contrari, mentre que a Figueres augmenta, Girona registra menys casos.
La demanda del Torn d´Ofici Civil es dispara no només a la demarcació, sinó també de forma més generalitzada a tot Catalunya. Aquesta demanada de justícia gratuïta es recolza en l´augment de processos hipotecaris a causa de la crisi, però també durant el 2014 s´ha atribuït a casos de demandes de processos complets de divorcis o separacions matrimonials i de parelles de fet.
L´assistència jurídica és un servei públic adreçat a totes aquelles persones que no disposen de recursos necessaris per sufragar el cost de la seva representació davant dels tribunals. A la província de Girona hi ha dos Col·legis que s´ocupen del servei: el Col·legi d´advocats de Girona, que gestiona els partits judicials de Girona, la Bisbal de l´Empordà, Sant Feliu de Guíxols, Blanes i la Selva; i el col·legi d´advocats de Figueres que s´ocupa de l´Alt Empordà.
Aquest juliol s´han presentat els resultats de l´any 2014 amb uns resultats més aviat positius. Hi ha hagut una disminució quant a les actuacions dels lletrats, un 2,3% menys al col·legi de Girona i un 2% a Figueres. El número d´assitències per tant també ha estat menors en comparació a l´any 2013. Al col·legi gironí s´han comptabilitzat 17.030 actuacions, 140 menys que l´any anterior, i 7.831 al col·legi empordanès amb 160 casos de diferència. Des del Col·legi d´Advocats de Girona Albert Sierra, diputat del torn d´Ofici, valora els resultats: «En termes generals, no està gens malament, la dada objectiva és que hi ha hagut una reducció en el nombre d´actuacions dels lletrats a la província. És complicat predir que passarà l´any que ve, però sembla que en línies generals tot es va estabilitzant. En números anirem allà mateix».
Al col·legi de Girona una de les xifres que ha augmentat, però, ha estat el torn d´ofici civil en un 14,5%. Albert Sierra ha assegurat que: «Nosaltres no agafem l´augment del torn civil com una cosa dolenta, és simplement que hi ha més demanda, un augment de justícia gratuïta. Que la gent hagi sol·licitat més advocats d´ofici significa que hi ha més litigis i conflictes, o bé que la gent ha empobrit més i es dirigeix més a la justícia gratuïta en comptes d´anar a un advocat privat per exemple». Igual que a tot Catalunya, les comarques de Girona atribueixen el motiu a l´increment dels processos hipotecaris dels darrers anys. També a les demandes d´actes complerts de divorcis o separacions matrimonials i de parelles de fet, sobretot aquest darrer any 2014.
Aquest augment del torn d´ofici civil no s´ha vist reflectit als números del col·legi de Figueres, on a diferència de la tendència general el torn d´ofici civil ha disminuït en un 13%. El que ha augmentat, però, ha estat la demanda de justícia gratuïta en àmbit penal, on la pujada a l´Alt Empordà ha estat de l´1,8% respecte a la baixada d´un 4,5% en aquest àmbit del col·legi gironí. Joan Ramon Puig, degà del Col·legi d´advocats de Figueres, atribuix l´augment a motius geogràfics. «L´únic barem que ha pujat ha estat el penal i no creiem que sigui tan significatiu. S´han gestionat 2.850 casos repartits en 12 mesos. Al final són només 4 casos més cada mes a diferència de l´any 2013. És lògic que a Figueres hagi pujat el Torn d´ofici penal, ja que hi ha més problemàtiques que no pas en altres comarques catalanes a causa de la costa i inevitablement de la frontera. Tot i així en comparació amb altres anys aquest estiu no tenim tant volum de feina i el dia a dia és més tranquil».
Font: Diari de Girona
El passat 20 de febrer el conseller de Justícia, Germà Gordó, va fer entrega al Parlament del Llibre VI del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes. D’aquesta manera, aquest text podrà iniciar la seva tramitació parlamentària i així “per primera vegada, Catalunya tindrà un Codi civil complet”, tal i com va afirmar el conseller Gordó.
El Llibre VI permetrà completar el Codi civil de Catalunya i, al mateix temps, proporcionarà un text legal sistematitzat per tal de facilitar l’aplicació efectiva del Codi civil de Catalunya. D’aquesta manera, els operadors jurídics tindran a l’abast un cos legal, el més complet possible, que comprengui les matèries que conformen el Dret civil de Catalunya, de forma que no hagin d’acudir a d’altres ordenaments per trobar solucions a l’hora de tractar temes que afecten els ciutadans quotidianament.
El llibre regula les obligacions i contractes a través d’un redactat que s’ha fixat en el treballs de Dret Europeu més avançats. En aquest sentit, cal destacar que per primera vegada es fa una regulació completa del contracte de compravenda, que es considera el més utilitzat dels contractes d’intercanvi de béns. Dins d’aquest apartat hi entraria des de la compra del pa fins a la compra d’un habitatge.
Entre les novetats hi ha la regulació de la compravenda d’immoble amb pacte de finançament. D’aquesta manera es podrà donar una major protecció al comprador, sobretot si té necessitats de finançament. Cal recordar que aquesta figura no està regulada en el Codi civil espanyol.
Les innovacions es fan compatibles amb el manteniment, actualitzat i renovat, de figures tradicionals del dret civil català, com la rescissió per lesió i la venda a carta de gràcia, que provenen directament de la tradició jurídica catalana i tenen plena vigència a la nostra societat actual.
A més a més, es regula la nova figura de contracte de custòdia del territori, que té per finalitat la conservació de la biodiversitat, del patrimoni natural, del paisatge i la gestió sostenible dels recursos naturals.
Aquest llibre se suma als altres 5 que configuren el Codi civil de Catalunya, que són:
Llibre primer. Disposicions generals; (Exemple: Com són el còmput dels terminis per fer qualsevol actuació davant dels tribunals).
Llibre segon. Persona i família; (Exemple: totes les normes que regulen la família, ja sigui la determinació del domicili familiar, la cura dels fills, les disposicions generals que regulen el matrimoni, els drets i deures envers els fills…).
Llibre tercer. Persones jurídiques; (Exemple: normes que regulen les fundacions i les associacions).
Llibre quart. Successions; (Exemple: com es pot fer un testament, qui pot heretar…).
Llibre cinquè. Drets reals. (Exemple: La propietat, les relacions entre els veïns, drets i deures …).
Amb el Llibre Sisè culmina el procés codificador que va encetar el 2002 la llavors consellera de Justícia i actual presidenta del Parlament de Catalunya Núria de Gispert. Així doncs, es tracta d’un codi civil del sXXI, a diferència del codi civil espanyol que és del sXIX, un “codi tancat” derivat del codi Napoleònic. En canvi, el codi civil català és un “codi obert”, que dóna molta més flexibilitat a l’hora d’ampliar els textos i reformar-los, que segueix el model del codi civil holandès. Així es dóna resposta a les necessitats d’una una societat tant canviant i àgil com la nostra.
Fa molts segles que Catalunya té un dret civil propi, que reflecteix d’una manera profunda la mentalitat dels catalans i la nostra manera d’entendre el món. Els primers documents jurídics es poden considerar les “Constitucions de pau i treva”. Ara, amb l’aprovació d’aquest Llibre sisè, es completa el nostre ordenament jurídic civil, eina necessària per configurar una Estructura d’Estat com és disposar de la normativa que reguli les relacions de Dret Privat, que són les que de forma més habitual fan servir totes les persones al llarg de la seva vida.
Text i font: eljurista.cat
La Sala Civil del Tribunal Suprem ha anul•lat vuit clàusules sòl de Caja Segovia (avui integrada a Bankia) perquè l’entitat va incomplir l’especial deure de transparència que tenia respecte a aquestes clàusules amb els clients amb els quals va signar els contractes de préstec hipotecari. Es tracta de la segona sentència dictada pel Suprem sobre clàusules sòl, després que el 9 de maig del 2013 ja les anul•lés en contractes de BBVA, Cajamar i Novagalicia Banco.
En aquesta resolució, l’alt tribunal perfila de forma molt més detallada l’especial deure del banc de transparència i de comprensió real de la clàusula per part dels clients i refusa l’al•legació de l’entitat que les escriptures van ser llegides pels notaris i que els clients van ser advertits de “la possibilitat de poder llegir-les”. Segons els magistrats, “això no supleix el deure d’explicació i de transparència de les entitats davant dels usuaris”.
Aquesta sentència reafirma, doncs, la doctrina ja fixada aleshores i consagra “definidament” el control de “transparència real que s’emmarca en el control general d’abusos i que implica el necessari compliment per part de les entitats d’uns deures especials a l’hora de configurar aquests contractes que permetin que el consumidor comprengui realment les conseqüències jurídiques i econòmiques del producte o servei ofert. I aquest control de transparència no es redueix a la necessitat que les clàusules siguin simplement clares des del punt de vista gramatical”, assenyala el Suprem.
La sentència conclou que la Sala es veu impossibilitada a examinar les conseqüències de la declaració de nul•litat de la clàusula sòl a l’hora de declarar si les quantitats cobrades pel banc en aplicació d’aquesta clàusula haurien de tornar-se al consumidor, ja que aquesta qüestió va ser refusada en primera instància i no va ser recorreguda per la part perjudicada.
Actualment el Suprem considera lícites les clàusules sòl dels préstecs hipotecaris quan existeix transparència i claredat en la informació facilitada i estima que en el supòsit de les clàusules sòl anul•lades, en base al principi general de seguretat jurídica i a “l’interès públic d’ordre econòmic”, la nul•litat no ha d’anar acompanyada de l’obligació dels bancs a tornar les quantitats pagades pels hipotecats en funció d’aquestes clàusules, segons explica l’advocat especialista en dret bancari, José María Peyra.
Justament fa una setmana des que es van publicar les conclusions generals de l’advocat del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en les quals es suggereix als jutges que anul•lin les clàusules que considerin abusives, en lloc d’adaptar-les a la legalitat, tal i com passa actualment a l’Estat espanyol. L’informe es refereix a clàusules de demora aplicables a execucions hipotecàries per impagament i no es tracta d’una resolució vinculant mentre no es dicti sentència, però alguns experts apunten que, de tirar endavant, aquest criteri podria afectar també a altres tipus de clàusules bancàries abusives com podrien ser les clàusules sòl.
Font: diariojuridico.com
El bufet d’advocats Navas & Cusí ha ampliat la queixa presentada davant de Brussel•les per l’incompliment de la directiva comunitària sobre els drets del consumidor de productes financers i bancaris, a l’entendre que la modificació que s’ha fet de la regulació de la morositat hipotecària “és insuficient”.
El despatx també considera que la modificació de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero també “és insuficient” per protegir degudament els drets dels consumidors i assenyala que “la possibilitat d’apel•lació del deutor hipotecari segueix limitada, el que pot produir danys irreversibles”.
“Només s’aplica a un dels efectes processals previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil ja reformada el maig del 2013. Però queden sense corregir-se els problemes derivats de les clàusules abusives en procediments instats per professionals i contra persones físiques i jurídiques”, apunta el soci director de Navas & Cusí, Juan Ignacio Navas.
L’advocat també censura que la normativa espanyola segueixi restringint la possibilitat d’actuar d’ofici al jutge, “el que permetria la jurisdicció plena i no només prèvia”.
Entre les clàusules abusives més comuns destaquen les clàusules sòl, els tipus abusius o de càlcul complex o la resolució unilateral per lloguer de la vivenda hipotecada. “S’està impedint la mobilitat laboral com a conseqüència de la vigència d’una hipoteca”, ha denunciat Navas.
Aquestes conclusions s’han posat en coneixement de la Comissió Europea perquè procedeixi a unir-les al procediment d’infracció ja instat contra Espanya en matèria de drets dels consumidors.
El nombre de desnonaments segueix creixent malgrat les previsions econòmiques optimistes i els canvis legislatius. Les execucions hipotecàries iniciades sobre vivendes habituals de les famílies han crescut un 8,4% en el segon trimestre d’aquest any respecte a les mateixes dates del 2013, fins a un total de 9.611, segons les dades publicades aquest dimarts per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
L’estadística també reflecteix que el 60% dels desnonaments iniciats ho són sobre pisos adquirits entre el 2004 i el 2007, en plena bombolla immobiliària, quan el sector financer va flexibilitzar els criteris per prestar diners. El pitjor dels anys va ser el 2007. D’aquest any, en què es començaven a notar els primers símptomes de la crisi, provenen el 22% de les execucions llançades en el segon trimestre.
Per comunitats autònomes, Catalunya va encapçalar les execucions hipotecàries sobre vivendes amb un total de (3.994), seguida d’Andalusia (3.981). En el costat oposat es van situar la Rioja (61), el País Basc (94) i Navarra (118). L’INE recorda en la seva nota que l’estadística està basada en les certificacions d’execucions immobiliàries iniciades que consten en els registres de la propietat però que no totes acaben en desnonament.
Font: elperiodico.cat