TSJ Asturias, Sala de lo Social, Sentencia 1748/2017, 11 Jul. Recurso 1452/2017
Es de clara etiología profesional la dolencia incapacitante de una cajera de supermercado, diagnosticada de tenosivitis de tendón supraespinoso del hombro por sobrecarga laboral.
En el desarrollo de su puesto de cajera, la tarea esencial es el cobro de artículos, para lo cual ha de pasar manualmente todos los productos por el escáner de precios y derivarlos, una vez se han leído, por la cinta transportadora. Incluso en muchas ocasiones las cajeras colaboran con el cliente en el embolsado de los artículos.
El informe de prevención de riesgos del puesto de trabajo recoge como factores de riesgo en la línea de cajas los sobreesfuerzos debido al levantamiento y manipulación de pesos y mercancías, consideración ésta también incluida en la Guía para la valoración profesional del INSS, que destaca el elevado el esfuerzo biomecánico de las extremidades superiores como propio de las cajeras de supermercados.
El TSJ comparte que se está ante una patología de naturaleza profesional y no ante enfermedad común, porque aunque la profesión de cajera no aparezca expresamente recogida en el elenco previsto en el RD 1299/2006 por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social, ésta es una enumeración meramente enunciativa y un listado de profesiones abierto, que admite la consideración de otras profesiones no mencionadas.
Recuerda la sentencia que el texto anterior al vigente cuadro de enfermedades profesionales del año 78, expresamente recogía como tales las “enfermedades por fatiga de las vainas tendinosas, de los tejidos peritendinosos, de las inserciones musculares y tendinosas”, y expresamente se refería a tenosinovitis de mozos de restaurante, cajeras, costureras, dactilógrafos, mecanógrafas, lavanderas, etc.
Es innegable que en el desarrollo del puesto de cajera son continuos los movimientos de repetición, con tensión de los tendones y codos elevados, y a mayores, en el caso concreto no se detecta otra causa que pudiera haber desencadenado la lesión que no sea el trabajo, lo que obliga a aplicar la presunción “iuris et de iure” de laboralidad y confirmar que el origen de la lesión y sus consecuencias se derivan de enfermedad profesional.
Fuente: Consultor Jurídico. Wolters Kluwer.
http://consultorjuridico.wke.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkMjM0tTY7Wy1KLizPw8WyMDQ3NDAwNTkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAAYubA81AAAAWKE
Audiencia Provincial Pontevedra, Sentencia 152/2017, 28 Mar. Recurso 974/2016
Los prestatarios ejercitan acción de nulidad de determinadas cláusulas contenidas en la escritura de préstamo con garantía hipotecaria, entre ellas la que establece que son de cuenta de la parte prestataria los gastos tributarios, notariales y registrales.
El Juzgado de Primera Instancia declaró la nulidad de dicha cláusula por abusiva y condenó a la entidad bancaria a la devolución de las cantidades abonadas en concepto de tributos, gastos e impuestos por aplicación de la misma. Por el contrario, la Audiencia Provincial de Pontevedra condena a la demandada a devolver a los actores únicamente las cantidades satisfechas indebidamente en concepto de gastos de Registro de la Propiedad e impuesto sobre actos jurídicos documentados.
La cláusula impugnada que genera un desequilibrio importante entre las obligaciones de las partes en favor del predisponente es nula por abusiva. Ahora bien, es preciso fijar las consecuencias de dicha declaración de nulidad.
Por lo que respecta al pago de los tributos, en las escrituras de constitución de préstamo con garantía hipotecaria el sujeto pasivo del impuesto de transmisiones patrimoniales es el prestatario, mientras que en el impuesto sobre actos jurídicos documentados el sujeto pasivo por la constitución del derecho de hipoteca, así como por la expedición de las copias, actas y testimonios que interese, será la entidad prestamista. Por tanto, debe declararse la abusividad de la cláusula que impone a la parte prestataria el pago de todos los tributos, incluidos aquellos en los que el sujeto pasivo es el empresario.
Sin embargo, pese a esta declaración de nulidad no procede la devolución de lo abonado si el pago se ha realizado por aquél a quien correspondía según la normativa aplicable al impuesto de que se trate, que es imperativa. Solo es admisible dicha devolución cuando el impuesto haya sido indebidamente pagado por quien no corresponde por haberle sido impuesto de forma abusiva. Por todo ello, la entidad prestamista solo ha de devolver a los prestatarios la cantidad por éstos abonada en concepto de impuesto sobre actos jurídicos documentados pero no por transmisiones patrimoniales por ser el mismo de su cuenta por imposición legal.
Por otra parte, la satisfacción de los aranceles notariales corresponde a quien haya solicitado los servicios del Notario y, en su caso, al obligado fiscalmente al pago del impuesto derivado del otorgamiento de la correspondiente escritura. En este caso, se solicita el reintegro de todas las cantidades abonadas por los prestatarios en concepto de aranceles, pero al no precisarse los concretos pagos realizados e ignorarse si alguno de ellos correspondía a la entidad prestamista, se absuelve a ésta de devolver la cantidad reclamada por este concepto por incumbir su pago a los prestatarios.
Los aranceles de los Registradores deben ser satisfechos por aquél a cuyo favor se inscribe el derecho. Es evidente que la inscripción de la garantía favorece a la entidad bancaria. Siendo abusiva su imposición a los prestatarios y no constando que éstos hubieran asumido su pago fruto de una negociación individual, la prestamista devolverá a aquéllos lo abonado por este concepto.
Por último, se declara la nulidad de la cláusula que impone a la parte prestataria el abono de los gastos procesales o de otra naturaleza derivados del incumplimiento de su obligación de pago. Ello no solo causa un evidente desequilibrio en la posición de las partes, sino que infringe normas procesales de orden público pues los gastos del proceso están sometidos a una estricta regulación legal.
FONT: © WOLTERS KLUWER – CONSULTOR JURIDICO
El Tribunal Supremo acaba de sentenciar que las empresas no están obligadas a realizar un registro de la jornada diaria de toda la plantilla para comprobar el cumplimiento de la jornada laboral y horarios pactados, y que sólo deben cumplir con la obligación de efectuar un registro de las horas extras realizadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35.5 del ET (sent. del TS de 23.03.17, que revoca lo sentenciado por la Audiencia Nacional en su sent. de 4.12.15).
El TS entiende que ese art. 35.5 del ET regula la realización de horas extras y el establecimiento de un registro en el que se anoten las que se realizan día a día, pero sin imponer la necesidad de establecer un registro de la jornada diaria efectiva, ni que el mismo permita comprobar (controlar) el adecuado cumplimiento de los horarios pactados.
En la sentencia, el TS deja muy claro que la falta de llevanza, o incorrecta llevanza del registro, “no se tipifica por la normativa como infracción de forma evidente y terminante”. Además, “tampoco se tipifica como falta la no llevanza del registro”.
Aunque el TS admite que “convendría una reforma legislativa que clarificara la obligación de llevar un registro horario y facilitara al trabajador la prueba de la realización de horas extraordinarias”, lo cierto es que “esa obligación no existe por ahora y los Tribunales no pueden suplir al legislador imponiendo a la empresa el establecimiento de un complicado sistema de control horario”.
Por su parte, en lo que respecta a no informar a los trabajadores sobre las horas realizadas en jornadas especiales o a incumplir obligaciones meramente formales o documentales “esto constituye, solamente, una falta leve y en determinados supuestos (arts. 6.5 y 6.6 de la LISOS)”.
A diferencia de lo que entendía la AN, el Supremo considera que no se produce indefensión al trabajador a la hora de probar la realización de horas extras, “pues a final de mes, la empresa le notificará el número de horas extras realizadas, o su no realización, lo que le permitirá reclamar frente a esa comunicación”.
¡Atención!: Esta sentencia obligará a la Inspección de Trabajo a modificar lo dispuesto en la Instrucción 3/2016, sobre intensificación del control en materia de tiempo de trabajo, en la que asumía el criterio de la Audiencia Nacional y por la que estaba sancionando a las empresas que incumpliesen lo dispuesto en la sentencia de la AN y no tuviesen un registro de control diario de la jornada.
Pinche aquí para consultar la sentencia del Tribunal Supremo.
FUENTE: MI ASESOR DE PERSONAL – Lefebvre – El Derecho, S.A
http://asesoriza.mailrelay-iv.es/mailing/3053031/1716.html?t=5556424f52020754574304555e5c55650c075753575b06095a5d04060507045156114e5a000051051105065154
Ana Canturiense
Documentación Jurídica Sepín, Familia y Sucesiones
Con la publicación el Diari Oficial de Catalunya el pasado 21 de febrero de la Ley 3/2017, de 15 de febrero, del Libro VI del Código Civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, y de modificación de los libros I, II, III, IV y V, se actualiza y amplía la regulación en materia de Derecho civil que ya existía en Cataluña.
– Por lo que respecta a las cuestiones que afectan a las personas y con la intención de dar respuesta a las nuevas realidades sociales, se regula en el Libro VI el contrato de alimentos (arts. 624-8 a 624-11), por el que una de las partes se obliga a prestar alojamiento, manutención, asistencia y cuidados a una persona durante su vida, a cambio de la transmisión de un capital, en bienes o derechos.
– En lo que afecta directamente a los Libros II y IV del CCCat., las modificaciones realizadas vienen justificadas por la nueva regulación de la Jurisdicción Voluntaria, desde la entrada en vigor de la Ley 15/2015, de 2 de julio, tras la cual determinados procedimientos que estaban en el ámbito judicial han pasado a ser notariales o competencia del Letrado de la Administración de Justicia. Se facilita, así, al ciudadano el acceso a unos procedimientos y a un modelo de justicia más simple y ágil y se descongestiona el exceso de carga de los Juzgados en beneficio de los particulares.
– Destaca especialmente la modificación de dos artículos, que, por su importancia, entrarán en vigor el próximo 1 de marzo de 2017, junto con las modificaciones del Libro V del CCCat., mientras que el Libro VI y el resto de modificaciones no lo harán hasta el 1 de enero de 2018. Se trata, en primer lugar, del art. 211-3, del Libro II; y, en segundo lugar, del art. 461-12 del Libro IV:
1. Por lo que respecta al art. 211-3, del Libro II, relativo a la Capacidad de obrar, se añade un último apartado, el cuarto, que obliga a la autoridad judicial a pronunciarse expresamente sobre la capacidad para ejercer el derecho de sufragio cuando declare la modificación de la capacidad de una persona. Se evita, de esta manera, que las personas sobre las que se declare la modificación de su capacidad no pierdan directamente su derecho al voto por esta declaración.
2. Y en cuanto a la reforma del art. 461-12 del Libro IV, relativo a la Delación e interpelación judicial, Interpelatio in iure, hasta ahora todas las personas interesadas en la sucesión podían solicitar al Juez que fijase un plazo para que el llamado a la herencia manifestara si aceptaba o renunciaba a ella. Esto suponía una situación contradictoria, pues con la publicación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, esta autorización o aprobación judicial para aceptar o repudiar la herencia solo es necesaria en los casos determinados, que regula en su art. 93, pasando a realizase ese requerimiento en la mayoría de los supuestos ante notario. Se equipara así la regulación del CCCat. con la regulación procesal.
Era, por tanto, necesaria esta modificación del art. 461-12 CCCat, y este será su contenido después del 1 de marzo:
Artículo 461-12. Delación e interpelación al llamado
1. El derecho del llamado a aceptar o repudiar la herencia no está sometido a plazo.
2. Las personas interesadas en la sucesión, incluidos los acreedores de la herencia o del llamado, pueden solicitar al notario, una vez haya transcurrido un mes a contar desde la delación, que requiera personalmente al llamado a fin de que, en el plazo de dos meses, le manifieste si acepta o repudia la herencia, con advertencia expresa de que, si no la acepta, se entiende que la repudia.
3. El requerimiento personal al llamado debe hacerse, como mínimo, dos veces en días diferentes. Si este requerimiento deviene infructuoso, el notario debe realizar el requerimiento por correo certificado y, en caso de que no pueda notificarse, debe realizarse mediante edictos publicados en los dos periódicos de mayor tirada.
4. Una vez transcurrido el plazo de dos meses sin que el llamado haya aceptado la herencia en escritura pública, se entiende que la repudia, salvo que sea un menor de edad o una persona con la capacidad modificada judicialmente, en cuyo caso se entiende que la acepta a beneficio de inventario.
– También debe destacarse la modificación del art. 233-2 del Libro II, que, entre otras cuestiones, recoge la posibilidad de que los cónyuges formulen el contenido del convenio ante un Letrado de la Administración de Justicia o en una escritura pública ante notario en caso de divorcio o separación, si no existen hijos menores o con la capacidad judicialmente modificada, tal y como prevé el art. 87 CC estatal.
Font: http://blog.sepin.es/2017/02/modificaciones-familialibro-vi-codigo-civil-catalunya/
La pensió alimentària per als fills es reporta des del mateix moment en què s’interposa la demanda de divorci. El Tribunal Suprem rebutja que es comenci a pagar a partir de la resolució judicial o quan s’acabi el procediment.
La sentència, de 14 de juliol de 2016, reconeix que l’obligació de prestar aliments produeix els seus efectes des de la demanda. “Es deuen des del moment en què es produeix la necessitat de l’alimentat”, indica. “No s’abonaran sinó des de la data en què s’iniciï el procediment amb la interposició de la demanda”, afegeix.
El magistrat Seijas Quintana, ponent de la sentència, anul·la una fallada de l’Audiència Provincial de Pontevedra, que va remetre el pagament no al moment en què la demanda es va interposar sinó a un altre posterior determinat per les concretes vicissituds existents en el procediment, derivades d’un retard en l’admissió a tràmit.
Davant d’aquests fets, l’Audiència Provincial va entendre que “hi ha un lapse de temps que només és imputable a una dilació de la part actora que no va activar el procediment i la deixadesa no pot carregar-se en el deure del demandat, no només aliè a aquesta dilació, sinó també al coneixement de la demanda”. Malgrat que el jutjat havia establert un termini de cinc dies a la mare per requerir-la davant la demanda. Per contra, la dona va trigar cinc mesos a contestar. “No hi ha per què computar aquest temps en perjudici del demandat. Per això, és atendible, per raonable i justa, la petició del demandat, que és compartida pel ministeri fiscal, per restar o no computar”, ha conclòs.
No obstant això, el Suprem subratlla que l’article 148 del Codi Civil i la doctrina del Tribunal és clara. “No admet excepcions, i aquesta sentència, a l’empara d’uns problemes processals aliens a qui els reclama, posa a càrrec de la demandant i en perjudici de l’alimentat el pagament d’uns aliments durant un període d’inactivitat processal”, apunta. En aquest sentit, l’Alt Tribunal sosté que la sentència recorreguda “suposa un evident benefici a qui coneix la reclamació i estava legalment obligat a satisfer-“.
El Suprem manté la seva doctrina de protecció al progenitor més desafavorit al voltant de la pensió d’aliments. En una sentència de febrer d’aquest any, el Tribunal va establir que l’establiment pel jutge de la custòdia compartida a banda i no eximeix del pagament de pensió d’aliments si un d’ells no té ingressos, segons s’estableix en una sentència del Tribunal Suprem. El ponent, el magistrat Rierol Festes dictamina que “la custòdia compartida no eximeix del pagament d’aliments, quan hi hagi desproporció entre els ingressos de tots dos”.
Font: El Economista
El Tribunal Suprem ha confirmat una pena d’un any i mig de presó i una multa de 1.080 euros per vendre a través d’Internet un vehicle per al transport de persones amb discapacitat física i ocultant al comprador els greus defectes de motor que impedien circular el cotxe. El Suprem destaca que aquests automòbils són béns de primera necessitat, de manera que aplica un delicte d’estafa agreujada.
“En aquest cas, l’engany es va fer per ocultació perquè el venedor coneixia els defectes i se’ls va ocultar al comprador”, assenyala el magistrat Giménez, ponent de la decisió. El cas s’inicia quan tots dos van acordar la venda d’un dels dos cotxes que oferia el venedor pel preu de 2.250 euros, incloent-hi l’altre com a regal. El contracte recollia que el vehicle tenia uns defectes i la reparació ascendia a 549,85 euros que el comprador assumia.
No obstant això, després de rebre el vehicle, el nou propietari el va portar al taller per reparar aquestes avaries indicades en el contracte però es va trobar amb altres defectes de motor més greus, que el venedor li havia ocultat i que impedien el seu funcionament, segons la sentència. “Es tractaven d’avaries importants i costoses, com va informar el taller, que li costaven 2.452,72 euros més”, apunta el Suprem. Així, la Sala penal desestima el recurs de cassació interposat pel condemnat i confirma la pena de l’Audiència Provincial de Granada.
La sentència entén que no es pot estendre de manera general aquest concepte de “cosa de primera necessitat” a un vehicle per a ús privat, llevat que, en algun cas concret, es demostri que ho és per les especials circumstàncies que poguessin concórrer en els seus adquirents. La sentència assegura que és precisament aquesta circumstància la que es dóna en aquest assumpte.
Font: El Economista
El Tribunal Suprem ha reconegut el dret d’una mare a cobrar una prestació per la cura del seu fill, un menor de sis anys que va néixer amb hemorràgia cerebral, i al qual MC Mutual li va denegar aquesta prestació per estar escolaritzat en un centre especial on rep diferents cures.
La Sala del Social estima el recurs interposat per aquesta mare després que el Tribunal Superior de Justícia de Cantàbria li denegués l’ajuda econòmica sol·licitada per al seu fill, perquè entén que sí que es compleixen els requisits legals per concedir-atès que té una reducció de jornada laboral de l’56,25 i també perquè estima que encara que el nen vagi a un col·legi necessita cura directa, contínua i permanent.
MC Mutual va denegar la sol·licitud feta per la progenitora perquè considerava que no complia amb els requisits que estableix l’article 135 de la Llei General de la Seguretat Social de la mateixa manera que el TSJC perquè va entendre que, en assistir el menor a un centre especial, manté una esfera de desconnexió amb la seva mare que implica aquesta possibilitat d’atenció indirecta.
No obstant això el Tribunal Suprem contradiu aquestes sentències i estipula que es donen totes les circumstàncies per a la concessió de l’esmentada prestació al menor, que va néixer amb una greu malaltia i té reconegut un grau de discapacitat del 78 per cent. La sentència aclareix que en cap dels preceptes aplicables s’exigeix que la necessitat de cuidar el menor de manera directa suposi l’atenció al mateix durant les 24 hores del dia.
A més, sobre la necessitat que el progenitor es redueixi la jornada laboral com a mínim un 50 per cent, afirma que “suposa que el sol·licitant del subsidi no dedicarà la totalitat del seu temps a la cura del menor, ja que una part del mateix el dedica a la realització del seu treball”. I respecte al temps d’escolarització deixa palès que el fet que el nen acudeixi a un centre especial no implica que durant el temps que roman en el domicili no hagi de rebre cures constants, donada la gravetat de la seva malaltia.
Ajudes al marge de la seva escolarització
De fet, va més enllà en aclarir que no està prevista, com a causa d’extinció de la prestació, que el nen estigui escolaritzat i, per tant “resulta impensable que cap menor, per severes que siguin les limitacions que pateix, no acudeixi a algun centre d’escolarització o tractament perquè en la mesura del possible, puguin millorar la seva situació i intentar que adquireixi els coneixements que la seva situació permeti”.
En aquest cas el petit rep atenció de fisioterapeuta, compta amb professora d’audició i llenguatge, de pedagogia terapèutica i auxiliar de tècnic educatiu, tal com explica l’alt tribunal en la seva resolució en la qual deixa palès que el fet que compti amb totes aquestes atencions “no impedeix que s’aprecien que concorren les circumstàncies exigides per a la concessió de la prestació sol·licitada” donada la “gravetat de les seves molèsties i severes limitacions”.
Font: elderecho.com
El jutjat del social nº 3 d’Elx ha dictaminat que els treballadors a temps parcial han de gaudir de les mateixes garanties que els treballadors a jornada completa a la cobertura dels salaris i indemnitzacions per acomiadament que han de cobrar del Fons de Garantia Salarial (Fogasa ).
En una sentència, el tribunal dóna la raó a una treballadora que va ser acomiadada i li reconeix un salari matemàticament d’acord amb la jornada del 80% de l’habitual que realitzava, quan el Fogasa estableix uns límits més baixos, ja que ofereix fins a 120 dies de salari pendent de cobrament i com a límit el doble del salari Mínim Interprofessional (SMI), que són 50,09 euros al dia, i 30 dies de salari per any treballat i tenint també com a límit del salari diari el doble del SMI.
La major part de la jurisprudència dels tribunals superiors de justícia estableix que en els contractes amb jornada parcial s’ha d’aplicar la tesi del fons. Des de Piqueras Consultors apunten que el jutge va estimar els arguments de l’empleada perquè ni els decrets reguladors de l’SMI ni l’Estatut dels Treballadors realitzen la distinció del Fogasa.
Font: Expansión.com
Per Dret de Família entenem el conjunt de normes que regulen les relacions personals i patrimonials entre els que integren la família en els termes que és reconeguda per l’ordenament. Fonamentalment es refereix al matrimoni, la filiació, parentiu i a les obligacions familiars.
L’existència de relacions familiars pot tenir transcendència quan es realitzen fets, actes o negocis jurídics, les normes reguladores han previst conseqüències específiques per als casos en què en els mateixos participen persones integrants d’una mateixa família. I són precisament aquestes normes les que donen més rellevància al parentiu per afinitat, és a dir, les que ho juridifiquen, ja que el Codi Civil regula el parentiu consanguini o carnal, però no el parentiu per afinitat, que és el vincle que es dóna entre un cònjuge i els parents consanguinis de l’altre, i per tant també entre una persona i els cònjuges dels seus propis parents consanguinis. Ara bé, aquest efecte, de marcat caràcter social, és assumit pels operadors jurídics i tàcitament en diverses normes, ja que no està previst expressament en cap norma de l’ordenament jurídic vigent.
La inexistència de la regulació del parentiu per afinitat, comporta que, per exemple, quedi en mans dels tribunals la interpretació de si s’extingeix o no amb la dissolució del matrimoni que va crear el vincle, podent ser diferent la resposta si la causa de la dissolució és la mort del cònjuge que va donar lloc al vincle, o el divorci, i això a més també pot estar en funció de l’àmbit jurisdiccional de què es tracti. A l’efecte de l’Impost sobre Successions i Donacions, alguna norma autonòmica també ha establert la subsistència del parentiu per afinitat en cas de mort del cònjuge el matrimoni va generar el vincle.
Són doncs, les normes que per a determinats fets, actes o negocis jurídics, reserven unes conseqüències singulars també per als parents afins, les que donen rellevància jurídica al parentiu per afinitat. És més, aquestes normes sovint es refereixen només al parentiu, sense adjectivar consanguini o afí, i en altres se li esmenta expressament, i al costat d’això, no existeix un criteri clar i homogeni per determinar l’abast dels graus de parentiu afectats, doncs a vegades només arriba al primer i en altres arriba fins al quart, i hi ha algun cas en què resulta enigmàtica la raó per la qual la condició parental ha estat contemplada com un avantatge per a l’afectat, i no com un inconvenient, o al contrari. Això és, la discriminació per raó del parentiu, amb les seves restriccions o cauteles, que fins i tot poden penalitzar per ser parent, apareix per la presumpció que en determinades relacions jurídiques l’existència de parentiu pot amagar fins fraudulents o suposar una amenaça a la independència, si bé en altres ocasions, suposen una discriminació positiva.
La circumstància de ser parent per suportar les conseqüències legals és objectiva, però en alguna ocasió la jurisprudència modula i subjectivitza al cas concret.
Els afins –sogres, cunyats, gendres, nores, padrastres, fillastres …, que en molt comptades ocasions són així identificats per les normes–, com s’ha dit, són objecte de discriminacions, unes vegades positives i altres negatives, sent especialment rellevants en matèria civil per exemple en casos d’adopció.
Entre aquest cercle de parents afins no s’ha d’incloure als habitualment denominats mig germans, que són germans consanguinis o uterins, segons el seu ascendent comú sigui el pare o la mare, però el dubte sorgeix en relació amb els germanastres. El parentiu afí en línia recta de primer grau és l’existent entre fillastres amb els padrastres i madrastres, per ser uns i altres consanguinis d’un dels cònjuges. En canvi, entre els respectius fills de cada un dels cònjuges, que fins i tot poden compartir germans si en el nou matrimoni, o nova parella, hi ha nous fills comuns, tot i que el parentiu per a afinitat és el que hi ha entre un cònjuge i els consanguinis de l’altre, no es pot dir que els germanastres siguin estranys i no parents a tots els efectes. Sens dubte no tenen cap dret hereditari legal, però no tindria tota lògica, fins i tot jurídica, que als germanastres no se’ls reconeguessin els permisos i llicències o no se’ls apliqués les causes d’incompatibilitats o d’abstenció i recusació previstes per afins fins al segon grau.
D’altra banda, cal no desconèixer la realitat social, i cada vegada són més les normes que tenen en compte l’existència d’anàlogues relacions d’afectivitat a la conjugal (parelles de fet, estables o permanents, o convivent), no només per equipar la parella al cònjuge, sinó també per assimilar la relació amb els parents consanguinis de la parella als afins, sense existir matrimoni, del que era habitual en matèria penal, però es va estenent a poc a poc per la resta de l’ordenament, sent la matèria tributària estatal la qual encara no preveu cap extensió d’aquest tipus per assimilar als parents afins sense existir matrimoni, i la parella de fet només és rellevant en l’Impost sobre l’Increment de Valor dels terrenys de naturalesa urbana, i per restringir l’ús d’una exempció.
Font: Legal Today
El Tribunal Suprem ha confirmat la sentència de l’Audiència Provincial de Pontevedra, del 20 de juliol de 2012, que va rebutjar que una dona fos la representant legítima de la seva filla menor a la reclamació de paternitat del pare biològic d’aquesta i la impugnació de la filiació extramatrimonial, en considerar que existien interessos contraposats entre ambdues.
El Ple de la Sala Primera civil del Suprem explica a la seva sentència del dia 30 de juny de 2016 que la cerca de “la veritat biològica” i l’interès del fill coincideixen quan és aquest el que reclama la filiació o s’entén que la mare, com a representant legal, del menor té els mateixos interessos.
No obstant això, l’Alt Tribunal, afirma que, en aquest cas, la progenitora no actua pels interessos de la seva filla sinó per motius personals i diferents del benestar de la menor.
Així doncs, d’acord a la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), postil·la que quan existeixen aquesta oposició d’interessos és vàlid els límits que marquen les legislacions nacionals.
En aquest sentit, recorda que el Codi Civil estableix la possibilitat de nomenar a un defensor judicial que representi a la petita en aquesta sol·licitud i que aquesta podrà reclamar aquesta paternitat quan tingui la majoria d’edat per la seva pròpia voluntat.
Considera al marit com el “veritable pare”
Entre els raonaments del Suprem es troba que el pare biològic no coneix a la nena personalment i que no hi ha constància que hagi contribuït al seu sustento ni preocupació per ella.
També que és el marit de la dona qui ha actuat des del naixement de la nena, de “forma ininterrompuda”, com a “veritable pare” i que, per això, ha complert “escrupolosament” amb les seves obligacions proporcionant a la família un “entorn de benestar i d’estabilitat emocional”.
Per això, el TS considera que la situació actual beneficia a la menor i que acceptar la reclamació de paternitat biològica i d’impugnació d’aquest reconeixement seria una situació “molt perjudicial” que comportaria a la pèrdua del nucli familiar que, en la seva opinió, és “plenament satisfactori per a ella”.
Font: El derecho