TSJ Asturias, Sala de lo Social, Sentencia 1748/2017, 11 Jul. Recurso 1452/2017
Es de clara etiología profesional la dolencia incapacitante de una cajera de supermercado, diagnosticada de tenosivitis de tendón supraespinoso del hombro por sobrecarga laboral.
En el desarrollo de su puesto de cajera, la tarea esencial es el cobro de artículos, para lo cual ha de pasar manualmente todos los productos por el escáner de precios y derivarlos, una vez se han leído, por la cinta transportadora. Incluso en muchas ocasiones las cajeras colaboran con el cliente en el embolsado de los artículos.
El informe de prevención de riesgos del puesto de trabajo recoge como factores de riesgo en la línea de cajas los sobreesfuerzos debido al levantamiento y manipulación de pesos y mercancías, consideración ésta también incluida en la Guía para la valoración profesional del INSS, que destaca el elevado el esfuerzo biomecánico de las extremidades superiores como propio de las cajeras de supermercados.
El TSJ comparte que se está ante una patología de naturaleza profesional y no ante enfermedad común, porque aunque la profesión de cajera no aparezca expresamente recogida en el elenco previsto en el RD 1299/2006 por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social, ésta es una enumeración meramente enunciativa y un listado de profesiones abierto, que admite la consideración de otras profesiones no mencionadas.
Recuerda la sentencia que el texto anterior al vigente cuadro de enfermedades profesionales del año 78, expresamente recogía como tales las “enfermedades por fatiga de las vainas tendinosas, de los tejidos peritendinosos, de las inserciones musculares y tendinosas”, y expresamente se refería a tenosinovitis de mozos de restaurante, cajeras, costureras, dactilógrafos, mecanógrafas, lavanderas, etc.
Es innegable que en el desarrollo del puesto de cajera son continuos los movimientos de repetición, con tensión de los tendones y codos elevados, y a mayores, en el caso concreto no se detecta otra causa que pudiera haber desencadenado la lesión que no sea el trabajo, lo que obliga a aplicar la presunción “iuris et de iure” de laboralidad y confirmar que el origen de la lesión y sus consecuencias se derivan de enfermedad profesional.
Fuente: Consultor Jurídico. Wolters Kluwer.
http://consultorjuridico.wke.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkMjM0tTY7Wy1KLizPw8WyMDQ3NDAwNTkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAAYubA81AAAAWKE
Audiencia Provincial Pontevedra, Sentencia 152/2017, 28 Mar. Recurso 974/2016
Los prestatarios ejercitan acción de nulidad de determinadas cláusulas contenidas en la escritura de préstamo con garantía hipotecaria, entre ellas la que establece que son de cuenta de la parte prestataria los gastos tributarios, notariales y registrales.
El Juzgado de Primera Instancia declaró la nulidad de dicha cláusula por abusiva y condenó a la entidad bancaria a la devolución de las cantidades abonadas en concepto de tributos, gastos e impuestos por aplicación de la misma. Por el contrario, la Audiencia Provincial de Pontevedra condena a la demandada a devolver a los actores únicamente las cantidades satisfechas indebidamente en concepto de gastos de Registro de la Propiedad e impuesto sobre actos jurídicos documentados.
La cláusula impugnada que genera un desequilibrio importante entre las obligaciones de las partes en favor del predisponente es nula por abusiva. Ahora bien, es preciso fijar las consecuencias de dicha declaración de nulidad.
Por lo que respecta al pago de los tributos, en las escrituras de constitución de préstamo con garantía hipotecaria el sujeto pasivo del impuesto de transmisiones patrimoniales es el prestatario, mientras que en el impuesto sobre actos jurídicos documentados el sujeto pasivo por la constitución del derecho de hipoteca, así como por la expedición de las copias, actas y testimonios que interese, será la entidad prestamista. Por tanto, debe declararse la abusividad de la cláusula que impone a la parte prestataria el pago de todos los tributos, incluidos aquellos en los que el sujeto pasivo es el empresario.
Sin embargo, pese a esta declaración de nulidad no procede la devolución de lo abonado si el pago se ha realizado por aquél a quien correspondía según la normativa aplicable al impuesto de que se trate, que es imperativa. Solo es admisible dicha devolución cuando el impuesto haya sido indebidamente pagado por quien no corresponde por haberle sido impuesto de forma abusiva. Por todo ello, la entidad prestamista solo ha de devolver a los prestatarios la cantidad por éstos abonada en concepto de impuesto sobre actos jurídicos documentados pero no por transmisiones patrimoniales por ser el mismo de su cuenta por imposición legal.
Por otra parte, la satisfacción de los aranceles notariales corresponde a quien haya solicitado los servicios del Notario y, en su caso, al obligado fiscalmente al pago del impuesto derivado del otorgamiento de la correspondiente escritura. En este caso, se solicita el reintegro de todas las cantidades abonadas por los prestatarios en concepto de aranceles, pero al no precisarse los concretos pagos realizados e ignorarse si alguno de ellos correspondía a la entidad prestamista, se absuelve a ésta de devolver la cantidad reclamada por este concepto por incumbir su pago a los prestatarios.
Los aranceles de los Registradores deben ser satisfechos por aquél a cuyo favor se inscribe el derecho. Es evidente que la inscripción de la garantía favorece a la entidad bancaria. Siendo abusiva su imposición a los prestatarios y no constando que éstos hubieran asumido su pago fruto de una negociación individual, la prestamista devolverá a aquéllos lo abonado por este concepto.
Por último, se declara la nulidad de la cláusula que impone a la parte prestataria el abono de los gastos procesales o de otra naturaleza derivados del incumplimiento de su obligación de pago. Ello no solo causa un evidente desequilibrio en la posición de las partes, sino que infringe normas procesales de orden público pues los gastos del proceso están sometidos a una estricta regulación legal.
FONT: © WOLTERS KLUWER – CONSULTOR JURIDICO
El Tribunal Supremo acaba de sentenciar que las empresas no están obligadas a realizar un registro de la jornada diaria de toda la plantilla para comprobar el cumplimiento de la jornada laboral y horarios pactados, y que sólo deben cumplir con la obligación de efectuar un registro de las horas extras realizadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35.5 del ET (sent. del TS de 23.03.17, que revoca lo sentenciado por la Audiencia Nacional en su sent. de 4.12.15).
El TS entiende que ese art. 35.5 del ET regula la realización de horas extras y el establecimiento de un registro en el que se anoten las que se realizan día a día, pero sin imponer la necesidad de establecer un registro de la jornada diaria efectiva, ni que el mismo permita comprobar (controlar) el adecuado cumplimiento de los horarios pactados.
En la sentencia, el TS deja muy claro que la falta de llevanza, o incorrecta llevanza del registro, “no se tipifica por la normativa como infracción de forma evidente y terminante”. Además, “tampoco se tipifica como falta la no llevanza del registro”.
Aunque el TS admite que “convendría una reforma legislativa que clarificara la obligación de llevar un registro horario y facilitara al trabajador la prueba de la realización de horas extraordinarias”, lo cierto es que “esa obligación no existe por ahora y los Tribunales no pueden suplir al legislador imponiendo a la empresa el establecimiento de un complicado sistema de control horario”.
Por su parte, en lo que respecta a no informar a los trabajadores sobre las horas realizadas en jornadas especiales o a incumplir obligaciones meramente formales o documentales “esto constituye, solamente, una falta leve y en determinados supuestos (arts. 6.5 y 6.6 de la LISOS)”.
A diferencia de lo que entendía la AN, el Supremo considera que no se produce indefensión al trabajador a la hora de probar la realización de horas extras, “pues a final de mes, la empresa le notificará el número de horas extras realizadas, o su no realización, lo que le permitirá reclamar frente a esa comunicación”.
¡Atención!: Esta sentencia obligará a la Inspección de Trabajo a modificar lo dispuesto en la Instrucción 3/2016, sobre intensificación del control en materia de tiempo de trabajo, en la que asumía el criterio de la Audiencia Nacional y por la que estaba sancionando a las empresas que incumpliesen lo dispuesto en la sentencia de la AN y no tuviesen un registro de control diario de la jornada.
Pinche aquí para consultar la sentencia del Tribunal Supremo.
FUENTE: MI ASESOR DE PERSONAL – Lefebvre – El Derecho, S.A
http://asesoriza.mailrelay-iv.es/mailing/3053031/1716.html?t=5556424f52020754574304555e5c55650c075753575b06095a5d04060507045156114e5a000051051105065154
Ref. CJ 4190/2016
Conforme determina l’article 13 del Reial Decret 605/1999, de 16 d’abril, que estableix la regulació complementària dels processos electorals i els diferents reials decrets de traspàs de funcions i serveis en matèria d’execució de la legislació laboral, correspon a les administracions públiques de les comunitats autònomes adoptar les mesures necessàries perquè, en les jornades electorals, els treballadors per compte aliè i el personal de les administracions públiques que siguin electors i prestin els seus serveis el dia d’eleccions, disposen en el seu horari laboral de fins a quatre hores lliures per a l’exercici del dret del vot, que seran retribuïdes (o reducció proporcional si el treball es presta en jornada reduïda).
Si a més són president, vocal, interventor o apoderat d’una taula electoral, tenen dret durant el dia de la votació a un permís retribuït de jornada completa si aquest dia no descansen, i els tres primers (president, vocal i interventor) a més a més tenen dret a una reducció de la seva jornada de treball de cinc hores el dia immediatament posterior.
Davant les eleccions del 26 de juny de 2016, les diferents comunitats autònomes han de dictar les disposicions específiques en matèria de jornada laboral i permisos de les persones que intervenen en el procés electoral, publicades en els butlletins oficials respectius.
Les referències en aquest article a “treballadors” s’han d’entendre fetes també a personal al servei de l’Administració que es trobi en les mateixes circumstàncies.
Atès que la normativa de cada comunitat autònoma té les mateixes pautes, en aquesta entrada detallarem quines són les característiques comunes, i que per tant, serveixen per tot l’estat Espanyol. Seguidament, indicarem la relació de normes que regulen a Catalunya.
Permisos per als treballadors votants
- Si l’horari de treball no coincideix amb el d’obertura de les taules electorals o només coincideix per menys de dues hores: no tenen dret a permís retribuït.
- Si l’horari de treball coincideix entre dos i menys de quatre hores amb el d’obertura de les taules electorals: tenen dret a un permís retribuït de dues hores.
- Si l’horari de treball coincideix entre quatre i menys de sis hores amb el d’obertura de les taules electorals: tenen dret a un permís retribuït de tres hores.
- Si l’horari de treball coincideix en sis o més hores amb el d’obertura de les taules electorals: tenen dret a un permís retribuït de quatre hores.
Permisos per a treballadors que realitzin el seu treball lluny del domicili habitual o en condicions d’especial dificultat per votar
Tenen els mateixos permisos que els treballadors votants, però per formular personalment la sol·licitud de certificació acreditativa de la seva inscripció en el cens electoral i la remissió del vot per correu.
Permisos per als treballadors/es membres de les meses electorals i interventors dels partits polítics
Gaudeixen de permís retribuït durant tota la jornada laboral i cinc hores el dia immediatament posterior.
Permisos per als treballadors que siguin apoderats
Tenen així mateix dret a permís retribuït durant tota la jornada laboral.
Canvis de torn
Si el treballador membre de la taula electoral, interventor o apoderat ha de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l’empresa, a petició de l’interessat, haurà de canviar el torn.
Permisos per a candidats
El personal al servei de l’Administració que es presenti com a candidat a les eleccions podrà, prèvia sol·licitud, ser dispensat del treball durant el temps de durada de la campanya electoral.
Normativa de Catalunya
Ordre TSF / 130/2016, de 17 de maig, per la qual s’estableixen les instruccions necessàries per a la participació dels treballadors a les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 26 de juny de 2016 (DOGC 1-6- 16).
Font: Consulto Jurídico
En els pròxims dies es publicarà al Diari Oficial de la Unió Europea el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), un fet que suposa una gran rellevància, no només per l’abast i rang legislatiu (aplicació directa a tots els estats membres de la Unió) sinó, sobretot, perquè afecta al dret fonamental a la privadesa i a la protecció de les dades personals.
El Reglament entrarà en vigor al cap de 20 dies de la seva publicació però únicament serà d’obligat compliment dos anys després de la seva publicació.
A continuació, tractarem algunes qüestions destacables del RGPD en relació amb el reforçament dels drets dels interessats, en particular, el nivell d’informació que s’hauria de donar als mateixos, la relació entre el responsable i l’encarregat del tractament de les dades personals, el famós Dret a l’Oblit i la introducció de la figura del Delegat de Protecció de Dades.
1- Enfortiment de les obligacions d’informació als interessats.
Una de les modificacions introduïdes pel Reglament Europeu deriva de l’aplicació del principi de transparència, ja que es reforça la informació que s’ha de facilitar als titulars de les dades.
L’obligació d’informació es reforça dràsticament, per tant, sens dubte, això exigirà un esforç considerable per part dels responsables del fitxer de cara a adequar les seves clàusules d’informació als interessats, especialment en matèria de conservació de dades i transferències internacionals.
2- Relació entre el responsable i l’encarregat del tractament.
El Reglament Europeu matisa les qüestions que haurà de regular el contracte que es formalitzi entre el responsable i l’encarregat del tractament. Entre altres aspectes, estableix l’obligació de l’encarregat de col·laborar amb el responsable perquè aquest compleixi de la millor manera possible les obligacions que li corresponen enfront dels interessats. També regula l’obligació de l’encarregat de cooperar i facilitar les obligacions de seguretat que corresponen al responsable i, obliga a facilitar informació sobre la gestió de seguretat que s’ha realitzat perquè a la vegada el responsable pugui provar de la millor manera possible el compliment de les mesures de seguretat que li corresponen.
3- El Dret a l’Oblit.
Es tracta del dret dels subjectes titulars de les dades a obtenir, sense dilació indeguda, la supressió de les dades personals que el concerneixin del responsable del tractament en determinats suposats, entre uns altres, quan les dades no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides, quan les dades personals hagin estat tractades il·lícitament o quan les dades personals hagin de suprimir-se per complir amb una obligació legal establerta en la legislació aplicable al responsable del tractament.
4- La figura del Delegat de Protecció de Dades
El Reglament Europeu ha introduït la figura del Delegat de Protecció de Dades (DPO, per les seves sigles en anglès), imposant l’obligatorietat del nomenament d’un DPO a tots els organismes públics i a les entitats privades que tinguin com a activitats principals la “observació habitual i sistemàtica d’interessats a gran escala” o el “tractament a gran escala de categories especials de dades”.
Entre les funcions del DPO destaquen l’assessorament general dins de la companyia en tot el relatiu a protecció de dades personals, la supervisió del compliment de la legislació i polítiques de privacitat, l’elaboració d’informes d’avaluació d’impacte de certs tractaments de dades personals i la cooperació amb les autoritats de control nacional.
Font: Elderecho.com
¿A quina hora exactament entra i a quina hora surt cada dia cada treballador, tant al matí com després de dinar?
¿Això es controla a la seva empresa? Si no es fa, d’aquí poc haurà d’instaurar un sistema per fer-ho i aplicar-ho absolutament a tots els treballadors, i no només per als treballadors que donen serveis a temps parcial (que ja era obligatori fer-ho per poder controlar si es feien hores complementàries), sinó absolutament per a tots els treballadors, tant si…
… tenen jornada partida com intensiva
… treballen al centre de treball o es desplacen
… fan hores extres o no
… tenen horari flexible o sempre han d’entrar i sortir a la mateixa hora
… la seva empresa té una gran plantilla o només són uns pocs treballadors.
I, per què ara exigeix això l’Audiència Nacional?
Doncs, en realitat, l’exigència de portar un control diari de la jornada sempre ha estat a l’Estatut dels Treballadors (art. 35.5 de l’ET), però vinculada al còmput de les hores extres. Així que, si els treballadors no feien hores extres, no era obligatori portar aquest control.
Però l’Audiència Nacional entén que si no s’exigeix a l’empresa a controlar la jornada diària encara que no es fassin hores extres, no es pot saber si es fan hores extres, i com no es fan hores extres, no es controlen.
Per trencar amb aquesta inèrcia i evitar que els treballadors quedin indefensos per poder demostrar si estan treballant més del que estipula el seu contracte o conveni, ha sentenciat que totes les empreses han d’efectuar el registre diari de la jornada de cada treballador. Si no ho fan, estarien incomplint la llei.
Comentari a la sentència TSJ País Basc 16-6-15, EDJ 148615
Per María José López Álvarez
Les reformes normatives recents han incrementat de forma significativa el potencial flexibilitzador del mecanisme de distribució irregular de la jornada previst en l’art. 34.2 ET. Si en el seu moment la seva utilització quedava condicionada a l’existència d’un conveni o pacte col·lectiu sobre aquest tema, en l’actualitat, com se sap, l’empresari pot decidir unilateralment la distribució irregular de fins a un 10% de la jornada anual pactada, amb l’única limitació a priori d’informar-ho al treballador amb un mínim de cinc dies d’antelació. I la compensació de les diferències que, per excés o per defecte, s’originin, pot realitzar-se en un termini de fins a dotze mesos des que es van produir, la qual cosa obre la porta als saldos interanuals o el que és el mateix, a la possibilitat de posposar la regularització fins i tot més enllà de l’any natural de referència. És previsible, doncs, com de fet ja està ocorrent, que l’empresa recorri cada vegada amb major freqüència a aquest instrument com a mesura de flexibilitat de la jornada, considerant l’important estalvi de costos que pot suposar. A més a més, es planteja la necessitat de donar resposta als nombrosos punts conflictius que l’aplicació i gestió d’aquesta figura presenta, ja que a la parca regulació legal ha d’afegir-se el fet que en molts casos no existirà un conveni o pacte de referència que hagi pogut preveure tals dificultats.
En el supòsit jutjat per la sentencia TSJ País Basc 16-6-15, EDJ 148615, la controvèrsia es centra entorn a les conseqüències que un sistema de distribució irregular de jornada pot tenir al moment de l’extinció del contracte. I és que, en resoldre’s el contracte de forma anticipada per qualsevol causa, poden produir-se desfasaments quant a les hores degudes i les efectivament realitzades. Com a conseqüència d’això, potser que es generi un saldo positiu, això és, un excés d’hores realitzades pel treballador que ja no podran ser objecte de descans compensatori; o, per contra, un saldo negatiu, en la mesura en què s’hagin gaudit de períodes d’inactivitat que ja no podran equilibrar-se amb hores de treball.
El TSJ considera que aquests desfasaments són conseqüència lògica d’aquesta forma de distribució de la jornada, la qual cosa determina que en la liquidació final hagi de dur-se a terme la corresponent regularització per evitar un enriquiment injust per cap de les parts. I puntualitza que l’art. 30 ET, que conté una garantia salarial per als casos de falta d’ocupació efectiva per causes imputables a l’empresa, no és aplicable, en regular un supòsit diferent. Sembla, doncs, que aquests desajustaments, favorables o no al treballador, han de compensar-se al moment d’extinció del contracte i això, lògicament, tret que el conveni o pacte subscrit contingués alguna previsió específica sobre aquest tema, que hauria de respectar-se (per exemple, que la devolució només procedirà si el saldo és positiu per al treballador, TS 3-7-03, EDJ 241333, TSJ Catalunya 3-5-11, EDJ 129749, TSJ País Basc 28-6-11, EDJ 177958).
Una altra qüestió és si, resultant el crèdit d’hores favorable per al treballador, aquest excés ha d’abonar-se conforme al valor de l’hora ordinària o bé amb la retribució específica que sol reconèixer-se per a les hores extraordinàries. En la negociació col·lectiva, no és infreqüent que s’estableixi la seva compensació com a hores extraordinàries, o fixant un recàrrec sobre l’hora ordinària. De no haver-se previst res expressament, la jurisprudència no ha mantingut una postura uniforme, si bé sembla inclinar-se per la seva consideració com a hores ordinàries, doncs tal és la seva naturalesa en un sistema de distribució irregular de jornada (TSJ Castella-la Manxa 24-5-06, EDJ 248162, TSJ Navarra 29-5-06, EDJ 101797). Això no obsta perquè, si el contracte és temporal, hagi d’atendre’s a un principi de proporcionalitat per fixar la durada màxima de la jornada en funció del temps treballat durant l’any, la qual cosa pot portar al fet que en, alguns casos, aquests saldos hagin de retribuir-se finalment com a hores extraordinàries si se supera el límit de jornada anual pactada (TS 25-2-08, EDJ 25845).
Per acabar, ha de cridar-se l’atenció sobre la importància que adquireix, en el marc d’aquestes fórmules de flexibilitat de jornada, un registre i control adequat per part de l’empresa de les hores de treball efectivament realitzades a cada moment. Tot i que a nivell legal l’única obligació formal que s’imposa a l’empresari en aquest àmbit va vinculada al còmput d’hores extraordinàries en l’art. 35.5 ET, és evident que, com assenyala la AN 4-12-15, EDJ 238144 “el registre diari de jornada és el requisit constitutiu per controlar els excessos de jornada i la seva negació col·loca als treballadors en situació d’indefensió”. Solament si es porta un control actualitzat i fiable de les jornades realitzades pugues, doncs, constatar-se si se superen els llindars màxims de jornada i procedeix computar els excessos com a hores extraordinàries, considerant, a més, que aquest recompte únicament podrà produir-se en la major part dels casos al final de l’any natural. I, en supòsits com l’analitzat, la regularització dels excessos o defectes de jornada resultants en ocasió de l’extinció del contracte pressuposa un registre minuciós de la jornada per l’empresa i la seva comunicació al treballador, perquè aquest pugui tenir constància de la procedència de les hores (TSJ Catalunya 23-5-13, EDJ 108753).
TS, 4ª, S 20 Ene. 2016. Rec. 3106/2014
Ref. CJ 877/2016
TS Sala Cuarta, de lo Social, S 22/2016, 20 Ene. Ponente: Gullón Rodríguez, Jesús
Després de la defunció del seu marit, l’ara recurrent va sol·licitar pensió de viduïtat, que va ser estimada en la instància i denegada en seu de suplicació per haver transcorregut més de deu anys entre la data de la separació judicial i la mort del causant.
La LGSS incorpora creixents requisits perquè els qui van ser cònjuges del mort puguin accedir a la pensió de viduïtat, i estableix una flexibilitat transitòria de la qual excepciona la seva exigència quan es tracti de víctimes de violència de gènere.
Que solament les dones puguin accedir a la condició de pensionistes de viduïtat com a víctimes de violència masclista no comporta necessàriament que hagi d’haver-hi una prèvia tipificació o qualificació jurídica que concorre tal condició. La LGSS flexibilitza el seu criteri i a l’efecte de lucrar la pensió permet acreditar “que eren víctimes”.
En el cas sotmès a cassació unificadora, tres anys abans de la separació es produeix una denúncia específica de maltractaments, seriós indici de què aquests han existit. Com no s’està davant un mitjà de prova plena, llavors si ha de contextualitzar amb la resta de la crònica judicial de l’esdevingut. La sentència absolutòria es deu al fet que la mateixa denunciant va retirar l’acusació, i no és difícil entrellucar en això una conducta paral·lela a la de qui assumeix la seva separació o divorci sense dret a pensió; i la sentència condemnatòria al mort per amenaces al fill i la proximitat d’aquesta amb la prestació de testimoniatge contrari als interessos del pare, reforça la idea sobre el tracte violent que la dona havia vingut patint.
Per al Suprem s’han aportat suficients mitjans probatoris que permeten deduir que la recurrent era víctima de violència de gènere durant els anys anteriors a la seva separació matrimonial i fins i tot, indirectament, durant el mateix procés conduent a ella, havent de per això, reconèixer-se-li la pensió de viduïtat solament per ostentar la condició de “víctima de violència de gènere”.
Ref. CJ 29729/2016
En principi, pensió de jubilació i treball són incompatibles. I això es refereix tant al treball per compte propi com al treball per compte d’altri que doni lloc a la inclusió en qualsevol Règim de la Seguretat Social.
Ara bé, la normativa contempla determinades excepcions en què ambdues situacions són compatibles i, així, poden simultaniejar-se:
a) Jubilació i treball a temps parcial, si bé durant aquesta situació es baixarà aquella en proporció inversa a la reducció de la jornada de treball, prenent-se com a referència la d’un treballador a temps complet comparable.
b) Jubilació i treball per compte propi, quan els ingressos anuals totals no superin el SMI en còmput anual. En aquesta situació, l’interessat està exonerat de cotitzar per les prestacions de Seguretat Social, encara que tampoc es generen nous drets sobre les mateixes.
I són incompatibles:
c) Jubilació i activitat per compte propi dels professionals col·legiats exonerats de l’obligació de causar alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, quedin o no integrats en una mutualitat de previsió social alternativa.
d) Jubilació i treball en el sector públic, exclosos els professors universitaris emèrits i el personal llicenciat sanitari emèrit.
i) Jubilació i acompliment d’alts càrrecs.
En el cas de realitzar qualsevol treball incompatible amb la pensió, s’ha de comunicar al INSS, i es produirien els següents efectes: art. 16.2 O 18 gener 1967
- La pensió queda suspesa.
- L’empresari que empri al pensionista ha de donar-li d’alta i cotitzar per ell (tingui’s en compte que l’incompliment d’aquesta obligació constitueix una infracció molt greu)
- Les noves cotitzacions milloren la pensió, augmentant el percentatge a aplicar a la base reguladora, que és la mateixa que va servir per calcular la pensió suspesa.
- La quantia resultant s’incrementa amb les revaloracions produïdes entre la data del fet causant originari i el moment del cessament definitiu en la nova activitat.
La realització de treballs incompatibles amb la pensió sense posar-ho en comunicació del INSS, constitueix una infracció greu del treballador sancionable amb la pèrdua de la pensió durant 3 mesos i reintegrament de les pensions indegudament percebudes.
El certificat de penats, la presentació exigeix la Llei de Protecció a la Infància per qui exerceixen professions en contacte amb menors, pot ser sol·licitat en registres de qualsevol òrgan administratiu de l’Estat, ha informat aquest divendres el Ministeri de Justícia.
Obligatori per a persones que treballaran amb menors
La Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància ia l’adolescència estableix l’obligació d’acreditar, per als que pretenguin accedir o exercir professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, que no tenen antecedents penals per haver comès delictes sexuals.
Les entitats en les quals es va a treballar amb menors poden sol·licitar el certificat dels seus treballadors de forma conjunta, previ consentiment exprés d’aquests.
Registre Central de Delinqüents Sexuals
A partir de l’1 de març, amb l’entrada en vigor del Reial Decret 1110/2015, de 11 de desembre, pel qual es regula el Registre Central de Delinqüents Sexuals, el certificat d’antecedents penals per delictes sexuals serà específic i gratuït, i es podrà sol·licitar d’idèntica manera que l’actual certificat de penats.
Font: Noticias Jurídicas